sábado, 31 de diciembre de 2011

Rajoy anunció un recorte de 8.900 millones de euros.

ESTADO ESPAÑOL
El nuevo gobierno conservador dio a conocer un duro paquete de medidas para "combatir" un déficit público que se situará en torno al 8 por ciento del PIB español, dos puntos por encima de lo previsto por la anterior gestión del socialista José Luís Rodríguez Zapatero. La medida implica una suba de impuestos, el congelamiento de los sueldos de los empleados públicos -que ya habían sido reducidos en un 5 por ciento- y que no sean reemplazados los puestos vacantes en la administración estatal, salvo en los sectores de salud, educación y fuerzas de seguridad. "Los trabajadores vuelven a ser cabeza de turco para paliar las cuentas deficitarias del Estado", fustigó el sindicato Unión General de Trabajadores (UGT) en un comunicado.


La portavoz de gobierno Sáenz Santamarina y el ministro de Hacienda, Cristóbal Montoro, durante la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros que aprobó un primer recorte a través de un acuerdo de no disponibilidad de crédito que limitará el presupuestos de los diferentes ministerios durante el primer trimestre de 2012.
"La primera de las peticiones que ha adoptado el consejo de ministros es un acuerdo de no disponibilidad (del gasto) por valor de 8.900 miliones de euros", es decir unos 11.530 millones de dólares, afirmó Sáenz de Santamaría durante una rueda de prensa. "La desviación que se ha producido respecto al déficit presupuestario es sustancialmente muy superior (...) de la que había comunicado y comprometido el gobierno anterior (...) porque estamos ante una situación extraordinaria y no prevista".

Rajoy ya había anunciado que su gobierno aplicará importantes recortes resupuestarios para reducir el déficit a 4,4 por ciento del PIB en 2012. Dichos recortes debían ser de 16.500 millones de euros si el déficit de 2011 se situaba en 6 por ciento como previsto. Pero ahora explicó que esa cifra se vería incrementada en 10 mil millones de euros por cada punto porcentual adicional.

Asimismo, el gobierno anunció "una subida temporal de determinados impuestos" para "aquellos ciudadanos que más ganan o más tienen", entre ellos el impuesto sobre la renta, pero no dio más precisiones al respecto.

Paralelamente, dispuso un recorte del personal en la Administración General del Estado que afecta al 19 por ciento de los puestos en subsecretarías y direcciones generales. También se disminuyó un 20 por ciento de la subvención estatal a los partidos políticos y sindicatos, con el que se esperan ahorrar 84,6 millones de euros.

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