NACION MAPUCHE
LA MILITARIZACION DEL WALLMAPU
Análisis de la CAM
ASESINATOS POLITICOS
Hace algunas semanas atrás nos enteramos a través de la prensa que en el caso del asesinato de nuestro hermano Mendoza Collio, se abren nuevos antecedentes que dan lugar a entender, ya con base, que en el hecho en si hubo un montaje para encubrir dicho asesinato y a sus autores. Los antecedentes dicen relación con una eventual maquinación de las ropas y equipos de protección del agente del GOPE, es decir, que entre los mismos efectivos habrían fabricado pruebas realizando escopetazos al chaleco y casco del uniformado para argumentar la tesis de la emboscada y así esgrimir ?legitima defensa?. Estos antecedentes se suman a otros ya develados como que Collio fue ultimado por la espalda cuando ya estaba reducido.
De dicha situación desprendemos la siguiente pregunta ¿El asesinato de nuestro peñi fue cometido por un solo efectivo o fue una orden, y habrían más involucrados?. Considerando el hecho que es la oficialidad la responsable última, en relación a sus subordinados, en una institución jerarquizada, como lo es Carabineros, quien opera como una fuerza militarizada dependiente del Ministerio de Defensa.
En este sentido nos atrevemos a formular que el cobarde asesinato del peñi Mendoza Collio, prácticamente idéntico al asesinato del Weichafe Matías Catrileo, están involucrados agentes que se blindan con orientaciones políticas y orgánicas, y que ambos derivaron de una orden superior que responde a poderes fácticos involucrados en el conflicto con la Nación Mapuche.
Entendiendo que Carabineros es la ?fuerza de choque? histórica del ?estado de derecho? y los intereses económicos del empresariado y latifundistas, no es de extrañar que estos reciban ordenes encubiertas de parte del cuerpo político derechista y fascista chileno que actúa mafiosamente dentro de las instituciones.
El actual Gobierno de la Concertación si bien utiliza la represión indiscriminada hacia las comunidades Mapuche en conflicto, la criminalización y persecución a organizaciones y dirigentes, aun no utiliza el asesinato político, ya que los costos son demasiado altos, pero no así la derecha dura acostumbrada a resolver los conflictos violentamente y a manipularlos políticamente, sobre todo si estos sectores se sienten ya los detentores del poder con la ascensión del fascista Piñera a la presidencia de Chile.
LA ANI
Pero no sólo el asesinato político es utilizado para agotar al movimiento Mapuche, sobre todo a sus expresiones más consecuentes. Por ejemplo, la decisión de trasladar forzadamente a algunos presos políticos detenidos en la cárcel de Concepción, entre ellos cuatro militantes de la CAM, a fin de relegarlos a distintas zonas, fue una orden emanada del Departamento de Seguridad con asiento en la Dirección Nacional de Gendarmería, departamento que ha sido denunciado por la ANFUP (Asociación de Funcionarios de Unidades Penitenciarias) de que estarían haciendo campaña solapada al fascista Piñera al interior de gendarmería y quienes cumplieron un importante papel de soplonaje durante la movilización de dichos funcionarios.
Concluimos que dicho departamento de seguridad responde a las políticas de la ANI (Agencia Nacional de Inteligencia), la cual cada vez más actúa con una lógica fascista en colusión con agentes provenientes de las instituciones militares y la derecha. La que responde a un sistema de inteligencia supra-gobierno, que defiende al estado y al sistema capitalista.
PARAMILITARISMO
En esta línea de análisis, el reestreno del grupo paramilitar Hernán Trizano tiene como objetivo ir preparando ideológicamente el terreno para el actuar del paramilitarismo de derecha en las zonas de conflicto, con la aplicación del llamado ?Plan Araucanía?. Esto en el contexto de un futuro Gobierno de Derecha, al estilo Uribe en Colombia, lo que significaría la agudización del conflicto interno que agravaría la situación de los derechos humanos con la imposición de dispositivos de control social que tienen sus precedentes en la dictadura y que la Concertación se a encargado de mantener durante estos veinte años, tales como la Justicia Militar, Ley de Seguridad Interior del Estado y Ley Antiterrorista, que constituyen el paragua legal para todo tipo de abusos de poder.
LA JUSTICIA MILITAR
Otro hecho grave es el actuar de la Justicia Militar en contra de comuneros y presos políticos Mapuche la cual está operando en este último tiempo con la impunidad y atribuciones propias de una dictadura.
Es un hecho que los fiscales militares operan hoy con grandes prerrogativas y sin que nadie les cuestione.
La competencia de la Justicia Militar en Chile es aberrante, desde su aplicación para resolver asesinatos cometidos por agentes policiales en contra de Mapuche, pasando por su aplicación a comuneros que luchan en procesos de recuperación territorial, hasta simples causas y delitos comunes cometidos por Mapuche, en una muestra clara de que su aplicación está dirigida, principalmente, hacia el Pueblo Nación Mapuche. El procesamiento a través de la Justicia Militar involucra la aplicación de torturas para la obtención de declaraciones, secreto de sumario, manipulación y construcción de pruebas, etc. La cual opera en colusión con el Ministerio Publico, inclusive, por sobre la justicia civil como se observó en la llamada ?reconstitución de escena? en la comunidad de Choque, donde el Fiscal Militar dirigía las diligencias.
CONCLUSIÓN
La militarización no es sólo invocar la presencia de afectivos de la policía militar chilena que actúan con impunidad en contra de las comunidades en conflicto y sus justas reivindicaciones, si no que se trata del reestablecimiento de un plan de contrainsurgencia y su correspondiente definición de un enemigo interno a quien se debe destruir, que en este caso es el Pueblo Mapuche.
Por esta razón, se impone una lógica de guerra que legitima los asesinatos por sectores protegidos de carabineros, las medidas arbitrarias como los traslados forzados a presos políticos Mapuche y las prerrogativas de los fiscales militares, las que tarde o temprano se aplicaran de la misma forma hacia los sectores populares chilenos que pongan en riesgo los intereses del estado y el sistema capitalista.
¡Territorio y Autonomía a la Nación Mapuche!
¡¡¡¡¡Weuwaiñ!!!!!
Soldados que abusaron de un joven haitiano están en libertad condicional
En la órbita del proceso civil, se está a la espera de la comparecencia del joven haitiano para poder concluir con el caso de supuestos abusos sexuales por parte de soldados uruguayos en Port Salut, que a lo largo de las investigaciones involucró la destitución de un jerarca y la investigación de nuevos posibles casos, señaló el subsecretario de Defensa Nacional, Jorge Meléndez.
Según indicó esta mañana el jerarca en diálogo con Radio Carve, en el correr de estos meses se trabajó desde Uruguay para que dicha comparecencia se realice de manera presencial aquí en el país o vía virtual, pero aún no se ha logrado completar la misma.
Desde el punto de vista de la Justicia Militar, explicó Meléndez, el proceso aún no ha concluido. Por dicho proceso han estado en prisión seis personas pero ya existe "alguna libertad condicional". Según aclaró Meléndez, "están en libertad condicional, pero sometidos aún a procesos".
Meléndez no quiso dar más detalles sobre la "libertad" de los efectivos navales.
El 18 de setiembre pasado la Justicia Militar dispuso el procesamiento con prisión de cinco marinos uruguayos que estuvieron involucrados en el abuso a un joven en Haití.
Según informó en su momento EL PAÍS digital, los marinos fueron procesados por el juez militar Washington Vigliola, a pedido del fiscal castrense Julio Herrera, no por la violación al joven haitiano, sino por haber cometido delitos previstos en el Código Penal Militar (CPM).
A fines de setiembre el joven haitiano, a través de un abogado estadounidense, hizo llegar un video al gobierno uruguayo en el que reclamaba una indemnización de US$ 5 millones por lo sucedido.
El ministro de Defensa, Eleuterio Fernández Huidobro, descartó de plano esa posibilidad. "No hay arreglo posible", dijo en aquel momento, y explicó que en Uruguay no se permiten esos acuerdos en relación al Estado.
El fiscal del caso, Eduardo Fernández Dovat, aseguró en aquel entonces que "prima facie" no se pudo confirmar la violación y que si la víctima se negaba a ser interrogada no se podrá seguir con la investigación , con lo que se cerraría el caso.
En octubre el juez penal Alejandro Guido y el fiscal Eduardo Fernández Dovat tomaron nuevas declaraciones a los efectivos. Dos meses después, las investigaciones de la Justicia Penal continúan, y los cinco militares siguen presos en dependencias de la Fuerza.
El País Digital
LA MILITARIZACION DEL WALLMAPU
Análisis de la CAM
ASESINATOS POLITICOS
Hace algunas semanas atrás nos enteramos a través de la prensa que en el caso del asesinato de nuestro hermano Mendoza Collio, se abren nuevos antecedentes que dan lugar a entender, ya con base, que en el hecho en si hubo un montaje para encubrir dicho asesinato y a sus autores. Los antecedentes dicen relación con una eventual maquinación de las ropas y equipos de protección del agente del GOPE, es decir, que entre los mismos efectivos habrían fabricado pruebas realizando escopetazos al chaleco y casco del uniformado para argumentar la tesis de la emboscada y así esgrimir ?legitima defensa?. Estos antecedentes se suman a otros ya develados como que Collio fue ultimado por la espalda cuando ya estaba reducido.
De dicha situación desprendemos la siguiente pregunta ¿El asesinato de nuestro peñi fue cometido por un solo efectivo o fue una orden, y habrían más involucrados?. Considerando el hecho que es la oficialidad la responsable última, en relación a sus subordinados, en una institución jerarquizada, como lo es Carabineros, quien opera como una fuerza militarizada dependiente del Ministerio de Defensa.
En este sentido nos atrevemos a formular que el cobarde asesinato del peñi Mendoza Collio, prácticamente idéntico al asesinato del Weichafe Matías Catrileo, están involucrados agentes que se blindan con orientaciones políticas y orgánicas, y que ambos derivaron de una orden superior que responde a poderes fácticos involucrados en el conflicto con la Nación Mapuche.
Entendiendo que Carabineros es la ?fuerza de choque? histórica del ?estado de derecho? y los intereses económicos del empresariado y latifundistas, no es de extrañar que estos reciban ordenes encubiertas de parte del cuerpo político derechista y fascista chileno que actúa mafiosamente dentro de las instituciones.
El actual Gobierno de la Concertación si bien utiliza la represión indiscriminada hacia las comunidades Mapuche en conflicto, la criminalización y persecución a organizaciones y dirigentes, aun no utiliza el asesinato político, ya que los costos son demasiado altos, pero no así la derecha dura acostumbrada a resolver los conflictos violentamente y a manipularlos políticamente, sobre todo si estos sectores se sienten ya los detentores del poder con la ascensión del fascista Piñera a la presidencia de Chile.
LA ANI
Pero no sólo el asesinato político es utilizado para agotar al movimiento Mapuche, sobre todo a sus expresiones más consecuentes. Por ejemplo, la decisión de trasladar forzadamente a algunos presos políticos detenidos en la cárcel de Concepción, entre ellos cuatro militantes de la CAM, a fin de relegarlos a distintas zonas, fue una orden emanada del Departamento de Seguridad con asiento en la Dirección Nacional de Gendarmería, departamento que ha sido denunciado por la ANFUP (Asociación de Funcionarios de Unidades Penitenciarias) de que estarían haciendo campaña solapada al fascista Piñera al interior de gendarmería y quienes cumplieron un importante papel de soplonaje durante la movilización de dichos funcionarios.
Concluimos que dicho departamento de seguridad responde a las políticas de la ANI (Agencia Nacional de Inteligencia), la cual cada vez más actúa con una lógica fascista en colusión con agentes provenientes de las instituciones militares y la derecha. La que responde a un sistema de inteligencia supra-gobierno, que defiende al estado y al sistema capitalista.
PARAMILITARISMO
En esta línea de análisis, el reestreno del grupo paramilitar Hernán Trizano tiene como objetivo ir preparando ideológicamente el terreno para el actuar del paramilitarismo de derecha en las zonas de conflicto, con la aplicación del llamado ?Plan Araucanía?. Esto en el contexto de un futuro Gobierno de Derecha, al estilo Uribe en Colombia, lo que significaría la agudización del conflicto interno que agravaría la situación de los derechos humanos con la imposición de dispositivos de control social que tienen sus precedentes en la dictadura y que la Concertación se a encargado de mantener durante estos veinte años, tales como la Justicia Militar, Ley de Seguridad Interior del Estado y Ley Antiterrorista, que constituyen el paragua legal para todo tipo de abusos de poder.
LA JUSTICIA MILITAR
Otro hecho grave es el actuar de la Justicia Militar en contra de comuneros y presos políticos Mapuche la cual está operando en este último tiempo con la impunidad y atribuciones propias de una dictadura.
Es un hecho que los fiscales militares operan hoy con grandes prerrogativas y sin que nadie les cuestione.
La competencia de la Justicia Militar en Chile es aberrante, desde su aplicación para resolver asesinatos cometidos por agentes policiales en contra de Mapuche, pasando por su aplicación a comuneros que luchan en procesos de recuperación territorial, hasta simples causas y delitos comunes cometidos por Mapuche, en una muestra clara de que su aplicación está dirigida, principalmente, hacia el Pueblo Nación Mapuche. El procesamiento a través de la Justicia Militar involucra la aplicación de torturas para la obtención de declaraciones, secreto de sumario, manipulación y construcción de pruebas, etc. La cual opera en colusión con el Ministerio Publico, inclusive, por sobre la justicia civil como se observó en la llamada ?reconstitución de escena? en la comunidad de Choque, donde el Fiscal Militar dirigía las diligencias.
CONCLUSIÓN
La militarización no es sólo invocar la presencia de afectivos de la policía militar chilena que actúan con impunidad en contra de las comunidades en conflicto y sus justas reivindicaciones, si no que se trata del reestablecimiento de un plan de contrainsurgencia y su correspondiente definición de un enemigo interno a quien se debe destruir, que en este caso es el Pueblo Mapuche.
Por esta razón, se impone una lógica de guerra que legitima los asesinatos por sectores protegidos de carabineros, las medidas arbitrarias como los traslados forzados a presos políticos Mapuche y las prerrogativas de los fiscales militares, las que tarde o temprano se aplicaran de la misma forma hacia los sectores populares chilenos que pongan en riesgo los intereses del estado y el sistema capitalista.
¡Territorio y Autonomía a la Nación Mapuche!
¡¡¡¡¡Weuwaiñ!!!!!
Soldados que abusaron de un joven haitiano están en libertad condicional
En la órbita del proceso civil, se está a la espera de la comparecencia del joven haitiano para poder concluir con el caso de supuestos abusos sexuales por parte de soldados uruguayos en Port Salut, que a lo largo de las investigaciones involucró la destitución de un jerarca y la investigación de nuevos posibles casos, señaló el subsecretario de Defensa Nacional, Jorge Meléndez.
Según indicó esta mañana el jerarca en diálogo con Radio Carve, en el correr de estos meses se trabajó desde Uruguay para que dicha comparecencia se realice de manera presencial aquí en el país o vía virtual, pero aún no se ha logrado completar la misma.
Desde el punto de vista de la Justicia Militar, explicó Meléndez, el proceso aún no ha concluido. Por dicho proceso han estado en prisión seis personas pero ya existe "alguna libertad condicional". Según aclaró Meléndez, "están en libertad condicional, pero sometidos aún a procesos".
Meléndez no quiso dar más detalles sobre la "libertad" de los efectivos navales.
El 18 de setiembre pasado la Justicia Militar dispuso el procesamiento con prisión de cinco marinos uruguayos que estuvieron involucrados en el abuso a un joven en Haití.
Según informó en su momento EL PAÍS digital, los marinos fueron procesados por el juez militar Washington Vigliola, a pedido del fiscal castrense Julio Herrera, no por la violación al joven haitiano, sino por haber cometido delitos previstos en el Código Penal Militar (CPM).
A fines de setiembre el joven haitiano, a través de un abogado estadounidense, hizo llegar un video al gobierno uruguayo en el que reclamaba una indemnización de US$ 5 millones por lo sucedido.
El ministro de Defensa, Eleuterio Fernández Huidobro, descartó de plano esa posibilidad. "No hay arreglo posible", dijo en aquel momento, y explicó que en Uruguay no se permiten esos acuerdos en relación al Estado.
El fiscal del caso, Eduardo Fernández Dovat, aseguró en aquel entonces que "prima facie" no se pudo confirmar la violación y que si la víctima se negaba a ser interrogada no se podrá seguir con la investigación , con lo que se cerraría el caso.
En octubre el juez penal Alejandro Guido y el fiscal Eduardo Fernández Dovat tomaron nuevas declaraciones a los efectivos. Dos meses después, las investigaciones de la Justicia Penal continúan, y los cinco militares siguen presos en dependencias de la Fuerza.
El País Digital
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